Lo que debía ser un viaje tranquilo de turismo terminó convertido en un caso de desaparición, agresión, abandono institucional y, finalmente, muerte. La historia de Ricardo Pérez, un vecino de Santa Coloma de Queralt (Conca de Barberà, Tarragona) de 83 años, ha conmocionado tanto en España como en Colombia, después de que su familia denunciara una cadena de negligencias que, según ellos, contribuyeron al fatal desenlace.
El 2 de octubre, Ricardo aterrizó en Bogotá con intención de tomar un vuelo hacia Santa Marta. Sin embargo, personal de seguridad del aeropuerto lo encontró desorientado y lo retuvo para una entrevista. Aunque el anciano aseguró que viajaba para visitar a unos amigos —cuya identidad nunca fue confirmada—, el proceso le hizo perder dos vuelos de conexión. Una azafata de Avianca revisó su teléfono, contactó a su familia en España y advirtió que lo había visto confundido, pero, ante su insistencia, se le permitió continuar asistido por personal de la aerolínea.
Ya en Santa Marta, su rastro se perdió por completo. La familia no volvió a saber de él hasta un mes después, cuando un asilo para indigentes llamó informando que Ricardo había sido encontrado en la calle, inconsciente, gravemente golpeado, sin dientes, sin zapatos, desnutrido y en estado crítico. La familia asegura que fue secuestrado, drogado y brutalmente agredido, un hecho que hoy investiga la Fiscalía colombiana.
Las autoridades colombianas alertaron al Consulado General de España en Bogotá, pero los hijos denuncian que fueron ellos quienes tuvieron que notificar oficialmente a la legación diplomática sobre la aparición del anciano. El consulado, según la familia, les pidió viajar a Colombia para acompañar a Ricardo de vuelta a España, algo que no pudieron hacer por razones médicas y económicas. Se planteó que un trabajador del asilo lo acompañara, pero, antes de concretarse la gestión, la salud del anciano empeoró y fue ingresado en un hospital por neumonía. Murió el 29 de noviembre por complicaciones cardiacas que los médicos, según la familia, asociaron a las sustancias que le habrían suministrado sus agresores.
Ahora, los hijos enfrentan un nuevo calvario: la repatriación del cuerpo. Aseguran que el consulado exige que viajen personalmente para completar los trámites, algo que no pueden hacer. Sin el registro de defunción emitido por la legación española, el cuerpo no podrá ser trasladado a España. “Mi padre ha muerto y no he podido despedirme de él”, lamenta su hija. Ambos han contactado al presidente Pedro Sánchez pidiendo ayuda, sin recibir respuesta.
En declaraciones a El Periódico, el Consulado General de España en Bogotá ha asegurado que hizo seguimiento constante desde el 25 de octubre y que mantuvo comunicación permanente con el centro donde fue atendido el anciano. La familia, sin embargo, sostiene que hubo omisiones graves y exige apoyo del Estado español para repatriar el cuerpo y esclarecer las circunstancias del secuestro y muerte de Ricardo Pérez.
