Agentes de la Policía Nacional desarticularon en Sevilla una organización criminal de carácter internacional presuntamente dedicada al tráfico ilegal de personas entre Colombia y España. La red captaba a hombres y mujeres en situación de extrema necesidad en el país sudamericano, a quienes ofrecía un supuesto “pack de viaje” para ingresar a territorio español, generándoles deudas que podían alcanzar los 5.000 euros.
La operación policial culminó con la detención de ocho personas en Sevilla, entre ellas los principales responsables del entramado. Según las autoridades, al menos 22 ciudadanos colombianos habrían ingresado a España bajo este esquema fraudulento.
La investigación se originó tras el análisis de información obtenida en una operación desarrollada en 2024 contra una red dedicada a la trata de seres humanos. A partir de esos datos, los investigadores detectaron la existencia de otra organización perfectamente estructurada, con ramificaciones tanto en Colombia como en España, dedicada específicamente al traslado irregular de ciudadanos colombianos.
En Colombia, la organización contaba con captadores especializados en identificar personas vulnerables. A estas víctimas se les prometía trabajo en España, principalmente en el cuidado de personas dependientes o en el sector de la restauración, a cambio de aceptar un “pack de viaje” que incluía el vuelo y la supuesta estancia legal en el país.
Para concretar el traslado, las víctimas viajaban como turistas, siguiendo instrucciones precisas para sortear los controles migratorios. Además, recibían dinero en efectivo que debían devolver inmediatamente tras su llegada a España, incrementando así la deuda adquirida.
Una vez en territorio español, los integrantes de la red actuaban como intermediarios laborales. En Sevilla, ubicaban a las víctimas en trabajos de cuidado doméstico, mientras que en la provincia de Cádiz eran empleadas en establecimientos de restauración.
En algunos casos, la organización facilitaba documentación ajena —perteneciente a personas regularizadas o vinculadas a la red— para permitir altas laborales fraudulentas. Por este “alquiler” de identidad, las víctimas debían pagar hasta 200 euros mensuales, mientras los titulares reales de los documentos se beneficiaban posteriormente de prestaciones por desempleo.
Cuando las víctimas no podían afrontar las cuotas de la deuda, la organización recurría a amenazas directas contra sus familiares en Colombia, obligando a varias de estas familias a cambiar de ciudad y abandonar sus hogares para evitar represalias.
La Policía Nacional continúa las investigaciones para determinar si existen más personas afectadas y posibles ramificaciones de la red en otras provincias españolas.
