El Servicio Jesuita a Migrantes (SJM) presentará en el Congreso de los Diputados de España su informe anual sobre los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE), en el que advierte de la falta de transparencia y de la ausencia de mecanismos estatales que garanticen un seguimiento claro de lo que sucede dentro de estas instalaciones.
El documento califica de “laberinto jurídico” el marco normativo que rige los internamientos, lo que coloca a muchas personas en situación de indefensión, especialmente en las primeras fases de detención y retorno forzoso.
El informe también subraya la escasa presencia del debate sobre los CIE en la agenda política y social, pese a un contexto marcado por la reforma de la Ley de Extranjería, la aplicación del Pacto Europeo de Migración y Asilo y el auge de discursos que criminalizan a la población migrante.
En 2024 permanecieron operativos los CIE de Algeciras, Barcelona, Las Palmas, Murcia, Valencia y Madrid, mientras que el de Tenerife siguió cerrado por tercer año consecutivo y el nuevo “macro-CIE” de Algeciras-Botafuegos continúa en construcción.
Ese mismo año, fueron internadas 1.863 personas, una cifra inferior a las 2.085 de 2023. Entre ellas, aumentó la presencia de mujeres (85 frente a 64). La mayoría de los casos (83,9 %) respondieron a órdenes de expulsión, frente al 16,1 % de devoluciones.
El perfil más común de las personas acompañadas por SJM fue el de colombianos y marroquíes, hombres y mujeres entre 25 y 46 años, muchos de ellos con largos periodos de residencia en España: el 59,6 % llevaba de uno a siete años en el país.
