Más de 60 ciudadanos colombianos habrían sido captados con la promesa de realizar prácticas profesionales en España y posteriormente sometidos, según las autoridades, a jornadas laborales de hasta 16 horas diarias. Ocho personas fueron capturadas en Colombia.
Una organización criminal dedicada presuntamente a la trata de personas y el tráfico de migrantes fue desarticulada tras captar a más de 60 ciudadanos colombianos mediante falsas ofertas de becas y prácticas profesionales en España. De acuerdo con la investigación, la estructura utilizaba documentación falsa de instituciones educativas para hacer pasar a las víctimas ante las autoridades españolas como estudiantes que realizarían prácticas curriculares.
La organización habría utilizado estos documentos para tramitar de manera irregular autorizaciones de residencia para prácticas y visas tipo D. Por estos trámites fraudulentos, las víctimas debían pagar entre 4 y 8 millones de pesos colombianos. La investigación señala que los hechos se remontan a 2019 y que la estructura habría afectado a más de 60 ciudadanos colombianos.
De las supuestas becas a la explotación laboral
Una vez que las víctimas llegaban a España, principalmente a la región de Tarragona, eran trasladadas a cadenas de restaurantes. Según las autoridades, allí no realizaban las prácticas formativas que les habían ofrecido, sino que eran sometidas a jornadas laborales de entre 12 y 16 horas diarias, en condiciones calificadas como de explotación severa.
Una de las víctimas relató que había viajado con la expectativa de trabajar en un restaurante Michelin. Según su testimonio, les habían ofrecido alojamiento, alimentación y la posibilidad de realizar prácticas en establecimientos vinculados a chefs reconocidos.
“Era mi sueño trabajar en un restaurante Michelin”, relató una de las víctimas durante la investigación.
La Policía señala que la estructura habría aprovechado a los estudiantes para cubrir puestos de trabajadores de los restaurantes, debido a que representaban un menor coste laboral.
Otra de las víctimas aseguró que llegó a recibir apenas 300 euros, mientras cumplía largas jornadas de trabajo y permanecía bajo vigilancia. También denunció condiciones de alimentación y trato que calificó como precarias.
La organización cobraba por cada estudiante captado
La investigación también permitió establecer, según las autoridades, que la red obtenía dinero por cada persona reclutada en Colombia.
En una interceptación telefónica, una persona identificada con el alias de ‘El Doctor’ le manifestó a alias ‘Tatu’ que debían ajustar las tarifas porque cobrarían 2 millones de pesos por cada estudiante captado y enviado a España.
Las autoridades también señalaron que la estructura se valía de instituciones educativas y documentación falsificada para dar apariencia de legalidad al proceso de llegada de los estudiantes a territorio español.
La presunta líder tiene una Notificación Roja de Interpol
La investigación identifica como presunta jefa de la organización a Annelis Caridad Lissabet Ramos, alias ‘Nelly’, quien, junto con su esposo, habría ejercido control sobre las víctimas mediante amenazas relacionadas con una posible deportación y con afectar su historial migratorio ante las autoridades españolas.
Sobre alias ‘Nelly’ pesa actualmente una Notificación Roja de Interpol, según la información suministrada por las autoridades.
La investigación establece que la organización habría operado desde 2019 hasta la fecha, con una estructura que desarrollaba diferentes funciones en Colombia, entre ellas la captación de las víctimas, la falsificación de documentos y la logística necesaria para facilitar su desplazamiento hacia España.
Ocho capturados en Colombia
Como resultado de la operación fueron capturados Juan Díaz, William Osorio, alias ‘El Chef’, Germán Bautista, Miguel Ávila, Javier Niño, Karen Charry y Elizabeth Taylor.
De acuerdo con las autoridades, estas personas eran colaboradores de la organización en Colombia y estaban vinculadas a labores de captación de víctimas, falsificación documental y logística.
La operación fue desarrollada mediante la coordinación entre la Dirección de Investigación Criminal e Interpol de la Policía Nacional de Colombia, la Fiscalía General de la Nación, el Servicio de Seguridad Diplomática de la Embajada de Estados Unidos, la Guardia Civil de España, la Policía Nacional de España y Europol.
Las autoridades indicaron que la investigación permitió documentar la afectación a más de 60 ciudadanos colombianos que habrían sido captados bajo la promesa de acceder a oportunidades de formación profesional en España y posteriormente sometidos a condiciones de explotación laboral.
