La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Toledo tiene previsto celebrar los días miércoles 7 y jueves 8 de enero el juicio contra seis personas acusadas de integrar una red dedicada a la trata de seres humanos con fines de explotación sexual, tras presuntamente trasladar desde Colombia a varias mujeres para ejercer la prostitución en distintas ciudades españolas. La vista oral ya había sido señalada en septiembre, pero tuvo que ser suspendida.
Según el escrito de acusación de la Fiscalía, O.O.O.R. y A.K.P.N., quienes mantenían una relación sentimental asimilable a la matrimonial, se desplazaron a Toledo para poner en marcha el plan. Junto a ellos estarían implicados J.J.R. y G.A.O.G., hermanos de O.O.O.R., además de L.M.M.L. y J.A.F.M.. El objetivo, de acuerdo con el Ministerio Público, era obtener beneficios económicos ilícitos mediante la prostitución de mujeres jóvenes, en su mayoría procedentes de La Virginia (Colombia), localidad de origen de varios de los acusados.
La Fiscalía sostiene que el grupo organizó un sistema de captación en Colombia, ofreciendo a las víctimas viajar a España como una salida a su difícil situación económica. Los acusados adelantaban los gastos del viaje —pasaporte, vuelos, reserva de hotel y una entrega de 1.000 euros en efectivo— para aparentar solvencia económica en el control migratorio. A cambio, imponían a las mujeres una supuesta deuda de 3.000 euros, muy superior al coste real del desplazamiento, que debían saldar ejerciendo la prostitución una vez en territorio español.
Este mismo procedimiento se habría repetido con varias mujeres, algunas de las cuales ingresaron a Europa a través de Francia y Alemania para eludir los controles del aeropuerto de Madrid-Barajas. Posteriormente, todas terminaron ejerciendo la prostitución en un piso de Toledo y en otros municipios como Parla, Cuenca, Albacete y Algeciras. Las víctimas recibían instrucciones precisas sobre cómo anunciar sus servicios y debían asumir, además, el pago del alojamiento, fijado unilateralmente en 150 euros semanales, una cantidad que la Fiscalía califica de “excesiva y desproporcionada”.
El grupo también habría obtenido ingresos adicionales mediante la venta de cocaína a los clientes durante los encuentros sexuales. Según el relato fiscal, O.O.O.R. se encargaba del abastecimiento de la sustancia y de que hubiera disponibilidad en las distintas viviendas vinculadas a la organización.
La investigación se inició tras la denuncia presentada el 8 de diciembre de 2019 por una de las víctimas en la Comisaría Provincial de Policía de Toledo. Tras valorar la verosimilitud de su testimonio, los agentes activaron los protocolos de protección, gestionaron su acogida y dieron inicio a una investigación que culminó con varios registros domiciliarios en marzo de 2020, donde se incautaron cantidades de cocaína, dinero en efectivo y material para su distribución.
Por estos hechos, la Fiscalía solicita para cada uno de los acusados siete años de prisión por trata de seres humanos con fines de explotación sexual, un año por delito continuado contra los derechos de los ciudadanos extranjeros y cuatro años y seis meses por un delito contra la salud pública, considerando a todos los procesados coautores de los delitos imputados.
