La investigadora colombiana Dayana Méndez Aristizábal, doctora en la Universidad Carlos III de Madrid y especializada en violencias contra las mujeres, consiguió modificar una normativa del Ministerio de Igualdad de España que, hasta el año pasado, impedía que mujeres no europeas pudieran postular sus tesis a los premios nacionales más importantes sobre violencia de género.
Los Premios de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, creados en 2014, reconocen anualmente las tesis doctorales que aportan conocimiento para comprender, atender y prevenir la violencia machista. Sin embargo, hasta 2024, la convocatoria excluía a investigadoras de nacionalidad no europea, aun cuando sus trabajos hubieran sido desarrollados en universidades españolas.
La colombiana descubrió esa restricción cuando intentó aplicar a los premios en 2023. Aunque cumplía todos los requisitos académicos, fue informada de que no podía presentarse por no tener nacionalidad española ni europea. Esa decisión afectaba a miles de investigadoras migrantes, particularmente latinoamericanas.
Ante esta situación, Méndez Aristizábal presentó una queja formal ante el Defensor del Pueblo, argumentando que la exclusión violaba la Ley Integral para la Igualdad de Trato y la No Discriminación (2022), que garantiza igualdad sin importar la nacionalidad.
En diciembre de 2024, la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género informó oficialmente que reconocía el argumento y procedió a modificar las bases del concurso. La convocatoria de 2025 ya permite la participación de todas las investigadoras, sin importar su nacionalidad, siempre que la tesis haya sido defendida en una universidad española.
“Esta decisión es un acto de justicia para las investigadoras migrantes que contribuimos al conocimiento científico en España, y una evidencia del racismo institucional presente incluso en espacios creados para promover la igualdad”, afirmó Méndez.
Los datos del Ministerio de Ciencia confirman el impacto de la medida: el 29% de las estudiantes de doctorado en España son extranjeras, y más de la mitad proviene de América Latina y el Caribe.
La decisión representa un precedente en la lucha por el reconocimiento académico de las mujeres migrantes y un recordatorio de que la igualdad también se construye disputando los espacios donde se produce el conocimiento.
