Una misión internacional integrada por expertos europeos evaluará las condiciones del sistema penitenciario colombiano en el marco del proceso de extradición de Zulma Guzmán Castro, detenida actualmente en Londres y requerida por la justicia colombiana por el presunto asesinato de dos menores en Bogotá. La visita responde a una exigencia de las autoridades británicas, que condicionan su decisión final a un concepto independiente sobre las condiciones de reclusión que enfrentaría la acusada en Colombia.
El caso ha generado especial atención por la gravedad de los hechos investigados. Según la Fiscalía, Guzmán habría coordinado el envío de alimentos contaminados con talio —un metal altamente tóxico— que provocaron la muerte de dos niñas en abril de 2025. Además, las autoridades analizan otros episodios similares, incluyendo intentos de envenenamiento a familiares, lo que ha abierto la posibilidad de que el caso sea tratado bajo la hipótesis de un patrón criminal reiterado.
La inspección internacional incluirá centros penitenciarios como Cárcel El Buen Pastor y eventualmente Cárcel La Picota, donde se evaluarán aspectos como infraestructura, seguridad y, especialmente, la capacidad de atención en salud mental, uno de los puntos centrales de la defensa. En este contexto, también se autorizó la visita de la experta internacional Julia Kozma, quien participará en la verificación técnica de estos centros.
El ministro de Justicia, Jorge Iván Cuervo, explicó que el análisis no solo se centrará en las condiciones físicas, sino en la garantía de derechos fundamentales. Advirtió además que, si la justicia británica considera que no existen condiciones adecuadas, la extradición podría ser rechazada. Por su parte, el INPEC confirmó que evalúa la posible reclusión en un pabellón especial que garantice seguridad y atención integral.
El proceso de extradición, que se adelanta bajo jurisdicción del Reino Unido, se encuentra en una fase clave. A diferencia de otros casos, la decisión final dependerá de los jueces británicos, quienes deberán valorar tanto las pruebas del caso como las condiciones carcelarias del país solicitante.
