Diego Marín Buitrago, señalado en Colombia como presunto líder de una red de contrabando, sostiene que sufrió daños morales y familiares por las actuaciones relacionadas con una orden de captura que terminó siendo utilizada en España y posteriormente en Portugal. La conciliación con el Estado no prosperó y ahora un tribunal deberá determinar si admite la demanda.
Diego Marín Buitrago, conocido como “Papá Pitufo”, presentó una reclamación contra varias entidades del Estado colombiano por los daños que, según sostiene, le ocasionaron las actuaciones judiciales relacionadas con su captura en España y Portugal. El monto solicitado asciende a 400 salarios mínimos legales mensuales, una cifra que ronda los 700 millones de pesos, destinada a reparar los perjuicios que afirma haber sufrido él y su familia.
La reclamación está dirigida contra la Fiscalía General de la Nación, la Cancillería, la Rama Judicial y el Ministerio de Justicia. De acuerdo con los argumentos expuestos por su defensa, las actuaciones que llevaron a su detención estuvieron marcadas por presuntas irregularidades, particularmente por el hecho de que una misma orden judicial habría sido utilizada en dos momentos distintos: primero en España y posteriormente en Portugal.
Una captura en España y una segunda detención en Portugal
Marín Buitrago fue detenido inicialmente en España el 5 de abril de 2024, en el marco de una solicitud de captura con fines de extradición. Al día siguiente, el Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional española ordenó su libertad provisional.
Posteriormente, Marín Buitrago se trasladó a Portugal, donde fue nuevamente detenido el 3 de diciembre de 2024, también en relación con la solicitud de extradición emitida por Colombia.
La defensa sostiene que, después de la libertad provisional concedida en España, la orden de captura colombiana debía haber sido cancelada o revisada. Según su argumento, esto no ocurrió y la misma orden terminó sirviendo como fundamento para su segunda detención.
Marín Buitrago permaneció detenido en Portugal hasta junio de 2025, cuando recuperó la libertad después de un recurso de habeas corpus.
La defensa cuestiona la orden de captura
Uno de los principales argumentos de sus abogados está relacionado con la forma en que fue emitida la orden de captura en Colombia. La defensa sostiene que, debido a que Marín Buitrago se encontraba en España y además tenía nacionalidad española, la orden debía haber sido emitida bajo unas condiciones jurídicas específicas.
Su abogado, William Mejía, argumenta que el artículo 512 del Código de Procedimiento Penal establece los supuestos en los que puede solicitarse una captura con fines de extradición y considera que en este caso no se habrían cumplido las condiciones necesarias.
La defensa también cuestiona que la orden judicial continuara vigente después de la decisión adoptada por las autoridades españolas.
Estos argumentos corresponden a la posición de Marín Buitrago y su defensa y forman parte de la reclamación presentada contra el Estado. No significan que las autoridades judiciales hayan establecido que la captura fuera irregular.
Pide indemnización para él, su esposa y sus tres hijos
La reclamación económica no está planteada únicamente a nombre de Marín Buitrago. Según los documentos relacionados con el caso, también se solicitan indemnizaciones por los perjuicios que, según sostiene, habrían sufrido su esposa, Liset Samboní, y sus tres hijos.
La distribución planteada en la solicitud contempla 100 salarios mínimos por daños morales para Marín Buitrago, otros 100 por presuntas afectaciones relacionadas con el debido proceso y 50 salarios mínimos para su esposa y para cada uno de sus tres hijos, lo que suma los 400 salarios mínimos reclamados.
La defensa sostiene que las detenciones y el proceso de extradición generaron consecuencias emocionales y familiares que deberían ser reconocidas económicamente por el Estado.
La conciliación no llegó a un acuerdo
Antes de acudir a la vía judicial, las partes participaron en un proceso de conciliación ante la Procuraduría General de la Nación.
La audiencia terminó sin acuerdo el 20 de mayo de 2026. La Rama Judicial manifestó durante ese procedimiento que la tesis planteada por la defensa no tenía fundamento jurídico y sostuvo que la libertad provisional concedida por las autoridades españolas no implicaba automáticamente la desaparición o cancelación de la orden emitida en Colombia.
Al no alcanzarse un acuerdo, el caso quedó en manos de la jurisdicción correspondiente.
Ahora será un tribunal administrativo de Bogotá el que deberá determinar inicialmente si admite la demanda y permite que avance el proceso.
Un proceso judicial que continúa en Colombia
Mientras reclama una indemnización por las actuaciones que considera irregulares, Marín Buitrago continúa vinculado a investigaciones judiciales en Colombia.
Fue imputado en ausencia en enero de 2025 y posteriormente se realizó la acusación formal en noviembre de 2025. En Colombia es investigado como presunto líder de una estructura dedicada al contrabando.
Las acusaciones en su contra y las decisiones que se adopten dentro de esos procesos son independientes de la reclamación administrativa que ahora busca determinar si el Estado debe responder económicamente por las actuaciones relacionadas con sus capturas en Europa.
Su situación económica también aparece en documentos judiciales
El caso también ha dejado registros sobre la situación económica de Marín Buitrago. Información de la DIAN citada en los documentos del proceso señala que en 2025 su patrimonio habría alcanzado aproximadamente 3.869 millones de pesos, mientras que sus ingresos anuales se situarían cerca de los 600 millones de pesos durante los últimos cuatro años.
También figura como pensionado y rentista. Desde agosto de 2024 recibiría una pensión cercana a los 13,9 millones de pesos mensuales.
En otro proceso, una tutela presentada en agosto de 2026 llevó a que se ordenara a BBVA facilitar la apertura de una cuenta que le permitiera recibir los pagos de Colpensiones en Portugal, incluidos valores retroactivos.
La reclamación de los 700 millones de pesos, sin embargo, todavía no representa una indemnización reconocida. La primera decisión que deberá tomarse es si la demanda cumple los requisitos para ser admitida y posteriormente será necesario establecer, dentro del proceso judicial, si existieron actuaciones antijurídicas y si estas ocasionaron efectivamente los daños que reclama.
