El Gobierno de España reveló el balance oficial del proceso extraordinario de regularización de inmigrantes, registrando un total de 1.174.978 solicitudes presentadas durante el plazo habilitado entre mediados de abril y el pasado 30 de junio de 2026. Según los datos difundidos por el Ejecutivo central, Colombia se consolidó como el país de origen con mayor representación en todo el proceso, acumulando el 25,9 % del total de las peticiones presentadas (lo que equivale a más de 304.000 ciudadanos colombianos), situándose por delante de naciones como Marruecos (13,3 %), Venezuela (11,8 %) y Perú (8,8 %).
Durante una rueda de prensa celebrada en Madrid, la secretaria de Estado de Migraciones, Pilar Cancela, precisó que del volumen global de expedientes introducidos, más de 600.000 ya han sido formalmente tramitados. La funcionaria detalló que dos tercios (el 67 %) de los solicitantes proceden de América Latina y un 22,9 % de África, definiendo un perfil demográfico mayoritariamente joven, donde 8 de cada 10 personas tienen menos de 45 años, y con una composición de género del 57 % de hombres.
En lo que respecta a los tiempos de respuesta del procedimiento administrativo, las autoridades competentes disponen de un plazo estricto de tres meses para resolver las solicitudes pendientes y conceder, o denegar, el correspondiente permiso de residencia y trabajo, el cual tendrá validez legal únicamente dentro del territorio del Estado español. Para optar a esta medida, los interesados debieron acreditar documentalmente una estancia mínima de cinco meses en el país al 1 de enero de 2026, además de certificar la ausencia de antecedentes penales.
El plan extraordinario, impulsado por el Gobierno de izquierdas del presidente Pedro Sánchez, superó ampliamente las proyecciones iniciales del Ejecutivo, que estimaba beneficiar a unas 500.000 personas en situación irregular. Esta política migratoria enfocada en una regularización «legal, segura y ordenada» ha recibido el respaldo de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) debido a las necesidades de contratación en diversos sectores laborales; por su parte, los partidos de la oposición, el Partido Popular y Vox, manifestaron su rechazo argumentando posturas en contra de la sostenibilidad y el impacto del proceso.
Fuente: Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones
